“Mecanismos de protección de los derechos humanos”

Salvador López Santiago

Opinión

Si bien los textos constitucionales de los países de América latina desde el principio han contemplado una serie de prerrogativas mínimas en favor de la ciudadanía, lo cierto es que fue hasta después de acontecimientos como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que se comenzó a consolidar, por un lado, el reconocimiento de los derechos humanos, y por otro lado, su protección, la cual es producto de amplios procesos que surgieron principalmente ante conflictos bélicos.

En materia de protección jurídica de los derechos humanos en Latinoamérica es motivo orgullo que México sea uno de los Estados que desde el principio dejó de manifiesto los más importantes avances, prueba de ello son la constitución política de los estados unidos mexicanos de 1917 –primer instrumento de su tipo en contemplar derechos sociales-, así como el juicio de amparo, instrumento jurídico por excelencia para combatir los excesos y arbitrariedades de las autoridades en contra de los particulares.

Aunque es evidente la pluralidad que prevalece en las formas de gobierno de los países de América latina, es incuestionable que dentro de las coincidencias que existen, sobresale el hecho de que en sus leyes fundamentales, con sus matices particulares, están plasmados por lo menos derechos civiles, políticos, sociales y económicos, lo cual también se ha ido fortaleciendo gradualmente.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tiene un papel crucial en virtud de que es la institución encargada de vigilar que las autoridades y dependencias del Estado se conduzcan con legalidad, sin embargo, debido a que sus resoluciones no cuentan con un carácter vinculatorio, no cumple cabalmente con los fines por la que fue creada. De esta manera, a pesar de que contamos con procedimientos rápidos y sencillos; medidas cautelares y precautorias; y medios tendientes a la restitución de los propios derechos infringidos, es una realidad que en tanto no cuente con acciones punitivitas, la vulneración y el menoscabo de los derechos humanos en nuestro país seguirán siendo una realidad.

Aunado a lo anterior, la ausencia de soluciones efectivas seguirá generando incertidumbre jurídica, pérdida de confianza en las autoridades y en general una especie de hartazgo dentro de la población. En este sentido, es lamentable que en el Congreso de la Unión, sin excepción alguna las fuerzas políticas instituidas, lejos de buscar resolver los asuntos, politicen de una u otra manera todos los temas relacionados con violación de derechos humanos en nuestro país.   

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