José Ojeda Bustamante
Opinión
Retomando el tema de transparencia, Toby Mendel ha resumido los principios centrales que deben guiar la construcción de cualquier información y el acceso a ella: apertura máxima; obligación de publicar; promoción de gobiernos abiertos; alcance limitado de las excepciones -y no al revés como funciona actualmente-; eficiencia en el acceso a la información; costos mínimos; reuniones abiertas; prioridad en el principio de apertura y acceso, y protección para los informantes.
Las leyes de acceso a la información son un proyecto que busca la creación de una sociedad plenamente transparente en todos los aspectos, pero eso no garantiza, necesariamente, la instauración de buenos gobiernos.
En México el derecho a la información, es un derecho fundamental expresado en el artículo sexto de la Constitución Mexicana desde las reformas políticas de 1977: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, el derecho a la información no fue reglamentado durante más de 25 años y por lo tanto no se podía garantizar este derecho. O bien, el acceso a la información, quedó como una concesión de la autoridad, sujeta a la buena voluntad de los servidores públicos. En este contexto, después de varias décadas de gobiernos autoritarios y de un sólo partido en el poder, fue hasta el año 2000 con la alternancia, que se generaron espacios de participación ciudadana, se recrudeció la exigencia para que las acciones gubernamentales transparentaran el uso de los recursos públicos. Esto trajo consigo mayor presión, hasta que el 11 de junio del 2002, se publicó la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. De esta Ley se derivó la creación del IFAI. Algunos dirán que fue uno de los ¡pocos! o ¡muchos! logros del Presidente Fox, que abanderó las causas de los grupos de la sociedad civil.
Pocos años después, en julio de 2007 se volvió a reformar el artículo 6º. En esta ocasión, de manera profunda donde en se compromete al conjunto de las instituciones públicas de todo tipo, con la obligación de transparentar toda la información sin restricción alguna. Con la introducción de un segundo párrafo, con siete incisos, están claros los principios del derecho a la información pública gubernamental que más que cumplen los principios centrales enunciados por Toby Mendel.
Pero el desapego de las élites económicas y políticas de nuestro país hacia las normas constitucionales, cuyas excesivas modificaciones tienen el efecto de provocar la desvalorización de los principios jurídicos básicos, en muy poco tiempo han hecho de las suyas para darle la vuelta y no cumplir con las normas básicas de información y rendición de cuentas que deben cumplir nuestros gobernantes. En esta lógica, unas leyes locales y federales adecuadas en principio, pero que resguarda conceptos y redacciones que no aclaran o bien incluso confunden las normas, y bajo que las autoridades le dan la vuelta, y además se prolija órganos garantes locales poco eficiente en sus procesos, sin fuerza alguna para sancionar y corregir.
El tema sin embargo no deja de ser sensible, y de doler en la piel de la ciudadanía. En este sentido, ahora al presidente Peña Nieto, donde el partido al que pertenece, el PRI, ha tenido que sumarse a la radicalidad de las reformas propuestas en el tema de transparencia, donde todos los partidos políticos convergen, precisamente porque el cumplimiento de la Rendición de Cuentas y la Transparencia son una fuerte demanda en los ámbitos de expresión de la ciudadanía y de la sociedad civil en México.
Excelente el dictamen realizado por el Congreso de la Unión con relación a una reforma definitivamente profunda, que dota de fuerza y de dientes para que la estructura de los órganos garantes, estatales y el federal, tengan autonomía, y estén necesariamente constreñidos a mandar y hacer cumplir las normas constitucionales en esta materia. Y que obliga a la elaboración de una Ley general que asegure los derechos básicos de la ciudadanía para que la rendición de cuentas y la transparencia se cumplan, inexorablemente.
Pero, si, lo que faltaba, intereses externos; he aquí que a la hora de tocar los temas sobre cómo se rige la política monetaria, y por ende los principios claves que orientan las relaciones económicas para que éstas sean favorables a los intereses de las mayorías o contrarias si fuera el caso. Esto último es lo que puede pasar “echa para atrás todo”, como para obedecer a los “verdaderos intereses económicos” y dejar de lado un documento proactivo a todas luces por parte de Congreso de la Unión, que recoge el valor de la transparencia y su utilidad para el ciudadano.
¿O, qué? ¿Será acaso que son otros quienes siempre nos gobernarán y a cambio tienen derecho a hacer suyos y apropiarse de agenda social y política?
Twitter: @ojedapepe
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